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*En rueda de prensa, autoridades municipales explicaron que las multas obedecen a la instalación de infraestructura sin autorización y reiteraron que el Gobierno Municipal actúa conforme a la normatividad vigente, privilegiando la legalidad, la transparencia y el respeto al debido proceso
Guamúchil, Sinaloa; a 30 de junio del 2026.- El Ayuntamiento de Salvador Alvarado ofreció una rueda de prensa para aclarar la información que ha circulado en torno a las acciones emprendidas contra empresas de telecomunicaciones, precisando que el Gobierno Municipal no está cobrando impuestos ni realizando cobros indebidos por permisos para la instalación de cableado, sino aplicando las sanciones previstas en la ley a quienes realizan instalaciones sin contar con las autorizaciones correspondientes.
La explicación jurídica estuvo a cargo del asesor en materia de Desarrollo Urbano, Pedro Molineros Urías, acompañado por el tesorero municipal, Daniel Parra Montoya, y la subdirectora de Desarrollo Urbano y Ecología, Valeria Araujo.
Durante la conferencia, Valeria Araujo, explicó que toda instalación que ocupe la vía pública, ya sea cableado aéreo, registros, postes u otra infraestructura, requiere autorización previa del Ayuntamiento, tal como lo establecen el Reglamento de Construcción, el Reglamento de Ordenamiento Territorial y demás disposiciones municipales aplicables.
Por su parte, Pedro Molineros, precisó que el procedimiento administrativo inicia con una inspección, continúa con un requerimiento para que la empresa acredite la propiedad de la infraestructura y presente los permisos correspondientes o regularice su situación dentro del plazo establecido. Cuando la empresa no atiende dicho requerimiento, se configura la infracción y proceden las sanciones contempladas en la normatividad.
El funcionario enfatizó que las multas no corresponden al pago de permisos, sino que son consecuencia del incumplimiento de la legislación municipal.
Asimismo, informó que actualmente existen procedimientos administrativos contra tres empresas de telecomunicaciones en distintas etapas, ya que las inspecciones y verificaciones se realizan de manera permanente conforme se detectan instalaciones sin autorización.
Molineros Urías, señaló que el Ayuntamiento siempre ha privilegiado la regularización antes que la sanción, otorgando plazos para que las empresas presenten la documentación correspondiente, soliciten los permisos necesarios o, en su caso, accedan a los mecanismos legales que permiten recalcular multas o celebrar convenios de pago cuando así lo contempla la ley.
El funcionario municipal, informó que diversos asuntos han sido sometidos a revisión por autoridades judiciales y administrativas, resoluciones que en algunos casos han confirmado la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento, mientras que otros expedientes continúan en proceso de revisión.
Respecto al retiro de infraestructura instalada sin autorización, Molineros Urías explicó que la ley faculta al Ayuntamiento para realizar dichas acciones una vez agotado el procedimiento administrativo correspondiente. No obstante, precisó que cuando existen suspensiones otorgadas por autoridades competentes, el Gobierno Municipal las respeta plenamente para garantizar el debido proceso y evitar afectaciones indebidas a la prestación del servicio.
Las autoridades aclararon además que el Ayuntamiento no pretende dejar sin servicio de internet a la ciudadanía, sino que exige que las empresas operen dentro del marco legal. Señalaron que toda la infraestructura que cuenta con autorización municipal continúa funcionando con normalidad y que únicamente se han detectado ramificaciones o instalaciones realizadas sin los permisos correspondientes, las cuales dieron origen a los procedimientos administrativos.
El tesorero municipal explicó que los recursos obtenidos por concepto de multas ingresan a la Hacienda Pública Municipal, como ocurre con cualquier otra contribución prevista por la ley, y son destinados al financiamiento de los servicios públicos y las obligaciones del Ayuntamiento, además dijo siempre han estado en la mejor disposición de llegar a acuerdos o convenios para la regularización de las empresas o contribuyentes.
